Biblioteca Vigil, Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado

En el año 2011 se sanciona la Ley Nacional N.º 26691 de Declaración de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, en la cual el Estado asume la responsabilidad de registrar, preservar, señalizar y difundir los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983. En el año 2013 el gobierno provincial, a través del Decreto Nº 0481, acompaña esta iniciativa.

Desde el año 2014 se iniciaron las gestiones para la señalización de nuestra institución como Sitio de Memoria, hecho que finalmente se cumplió el 4 de septiembre de 2015, en un acto sumamente emotivo que contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales y una nutrida participación de ex-directivos, dirigentes actuales, ex-alumnxs, socixs y vecinxs.

Se cumplió de esta forma una aspiración de la comisión directiva porque consideramos que reviste de un contenido simbólico determinante en la lucha de la comunidad de Vigil para que se visibilice la intervención de la entidad y su posterior liquidación en el marco de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, apuntalando también nuestra postura en el plano judicial.

 

 

Causa Feced III

El 5 de abril de 2018, luego de tres postergaciones, se inició el juicio oral de la causa conocida como Feced III, por delitos de Lesa Humanidad en contexto de Genocidio. En esta causa se juzgaron, entre otros, los delitos cometidos contra ocho miembros de la Comisión Directiva de la Biblioteca Vigil, quienes fueron secuestrados, torturados y finalmente liberados en diciembre de 1977, en el marco de la intervención de la institución decretada el 25 de febrero de ese mismo año. La Biblioteca Vigil, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se instituyó como querellante en dicha causa.

Durante el año 2018 y 2019 se realizaron audiencias en las cuales ex miembrxs de comisión directiva, ex socixs, ex trabajadores, ex alumnxs de las escuelas, vecinxs del barrio, etc., dieron testimonio sobre los delitos citados anteriormente y sobre el accionar desplegado por las fuerzas represivas en la Biblioteca durante la intervención. En esas audiencias la institución estuvo presente acompañando a estas personas en los emotivos y muchas veces dolorosos momentos que debieron atravesar al dar su testimonio. Al mismo tiempo, además, se trabajaba en forma continua para visibilizar las audiencias, difundiendo esta información a los asociados y la comunidad en general.

En abril de 2019 se llevó a cabo una inspección judicial por parte de integrantes del tribunal de la causa, abarcando distintos inmuebles pertenecientes a la Biblioteca Vigil. El proceso formó parte de las diligencias probatorias impulsadas por la institución, conjuntamente con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en calidad de querellantes, con el fin de acreditar el genocidio cultural perpetrado en la Biblioteca Vigil, atentando contra las personas que eran parte de este proyecto y el patrimonio material y simbólico puesto al servicio del mismo.

En octubre de 2019 comenzó el alegato de la querella.

Finalmente, el día 14 de mayo de 2020 fue la lectura de la sentencia de la causa Feced III. Los genocidas José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Carlos Antonio Scortechini, Ramón Rito Vergara, Ramón Telmo Alcides Ibarra y Ernesto Vallejo recibieron la pena de prisión perpetua. Asimismo, Héctor Gianola y Eduardo Dugour fueron condenados a 22 años, mientras que Julio Fermoselle y Lucio César Nast recibieron penas de 18 y 16 años de prisión, respectivamente. Por dichos delitos se encontraban procesados también Eugenio Zitelli, Daniel González, Ovidio Olazagoitía y Carlos Altamirano, pero fue declarada extinta la acción penal en su contra tras su fallecimiento. Debido a que la situación sanitaria no permitió las habituales concentraciones masivas frente a los tribunales cada vez que concluye un juicio de estas características, ni el ingreso de público al recinto, se comunicó a los socios la posibilidad de seguir el veredicto en vivo y en directo por las redes sociales. Como miembros de la actual Comisión Directiva celebramos el fallo con la certeza de que se ha dado un paso más en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia para nuestra institución, su comunidad y el pueblo argentino en su conjunto.

Compartimos las palabras de la Jueza de Cámara, Dra. Lilia Carnero, leídas como parte de la sentencia:

“Estos sucesos, además de configurar la categoría de delitos más severamente penados en el orden jurídico internacional, constituyeron una de las etapas más oscuras en la historia de nuestra República. Absolutamente descalificables desde el plano moral, ético y humano, contrarios a los principios e ideales que inspiran y fundan a toda sociedad civilizada, lamentablemente viciaron gran parte del funcionamiento de las instituciones de nuestra sociedad en aquel momento: fuerzas de seguridad, Iglesia, Poder Judicial, medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos, etc.; por lo cual, esta sentencia, también debe servir como reparación histórica para las víctimas enumeradas en el veredicto, contra quienes encuadraron de forma coordinada casi todas las instituciones en aquella nefasta época de la historia de nuestro país. Asimismo, estos sucesos trágicos nos imponen una reflexión, una autocrítica como sociedad, por haber permitido que se llegase a tal extremo de barbarie e irracionalidad, para que en el futuro no se repita esa tragedia. Esta reconstrucción histórica nos debe servir para recordar a diario que la vida en sociedad jamás puede dejar de ser democrática, plural, inclusiva y tolerante de la divergencia y la opinión contraria. Por todo ello, resulta necesario requerir a los medios de comunicación de mayor circulación de la jurisdicción que publiquen el contenido de esta sentencia, o al menos su veredicto. A su vez, es necesario instar al Estado a continuar con la búsqueda, por intentar dilucidar el destino final de las víctimas aún desaparecidas. Por último, queremos señalar que si bien los hechos por los que fueron condenados los aquí imputados, sucedieron hace más de cuarenta años, este tribunal inició el presente juicio de forma inmediata a los cuatro meses de ser designados en esta causa, y se debieron verificar las pruebas aportadas en relación a 188 víctimas, lo cual insumió gran cantidad de audiencias que se produjeron de forma ininterrumpida durante más de dos años para garantizar el debido proceso legal y el derecho de defensa de las partes. Muchas gracias.”